La Casa Rosada es un circo mientras la Patagonia arde

En una reciente entrevista televisiva, Milei arremetió contra la reconocida artista Lali Espósito, a quien despectivamente llamó “Ladri Depósito” y sugirió que se postulara a un cargo político. Esta actitud, más propia de un panelista de farándula que de un jefe de Estado, evidencia una alarmante desconexión con las urgencias del país.

Pero mientras el show mediático se roba los titulares, el Gobierno despliega una avanzada política y judicial que busca reinstalar el lawfare. Con el plan de “Ficha Limpia”, Milei y sus aliados intentan impedir que Cristina Fernández de Kirchner pueda volver a ser candidata, usando la justicia como herramienta de proscripción. La estrategia es clara: en lugar de ganarle en las urnas, buscan eliminarla del juego político mediante una persecución judicial orquestada.

Este plan no es nuevo. Ya fue utilizado en Brasil contra Lula da Silva y en otros países de la región como parte de una estrategia regional de lawfare para desarticular a los liderazgos populares y garantizar que el poder quede en manos de sectores alineados con los intereses económicos que representa este gobierno.

Mientras Milei despliega esta agenda de persecución, los incendios que arrasan la Patagonia siguen fuera de control. No son eventos aislados ni fenómenos naturales inevitables. Son el resultado de años de políticas que han priorizado los negocios sobre la protección ambiental. La introducción de especies exóticas como el pino, promovida por empresas transnacionales, ha alterado el equilibrio de los ecosistemas patagónicos, aumentando la inflamabilidad de los bosques y desplazando la flora nativa. A esto se suma el cambio climático, que intensifica sequías y olas de calor, creando condiciones propicias para incendios de gran magnitud.

El verdadero escándalo es que, en lugar de invertir en prevención y respuesta, el gobierno ha optado por recortar drásticamente el presupuesto destinado al manejo del fuego. En 2024, se ejecutó apenas el 22% de los fondos asignados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), y en lo que va de 2025, la ejecución ha sido nula. Como si esto fuera poco, los helicópteros hidrantes que podrían estar combatiendo el fuego en la Patagonia fueron donados al gobierno de Ucrania, dejando a los brigadistas argentinos sin las herramientas necesarias para enfrentar la emergencia.

Lejos de asumir su responsabilidad, la respuesta oficial ha sido buscar culpables sin pruebas y alimentar prejuicios. Desde el gobierno se han insinuado, sin fundamento, teorías que responsabilizan a comunidades originarias, desviando la atención de los verdaderos responsables: los negocios inmobiliarios y extractivistas que se benefician de la devastación ambiental.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos de estos incendios son realmente accidentales? La sospecha de que muchos focos son intencionales con fines especulativos inmobiliarios no es nueva. En distintas provincias del país, se ha denunciado que el fuego se usa como una herramienta para cambiar el uso del suelo. Áreas protegidas o tierras rurales devastadas por incendios pueden ser posteriormente rezonificadas y habilitadas para el desarrollo inmobiliario, legalizando así la apropiación del territorio.

De hecho, este gobierno ya allanó el camino para que esto ocurra. En diciembre de 2023, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, Milei derogó la Ley de Tierras Rurales, eliminando restricciones para la venta de tierras a extranjeros y flexibilizando los criterios para el cambio de uso del suelo. Este tipo de medidas facilitan la privatización de tierras que antes eran protegidas y permiten que grupos empresariales adquieran a bajo costo terrenos que antes no podían explotarse comercialmente.

Además, la reciente salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunciada por el presidente Milei, genera preocupación sobre las posibles consecuencias en la gestión de emergencias sanitarias y ambientales. Esta decisión podría aislar al país de colaboraciones internacionales esenciales para enfrentar crisis como los incendios actuales.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI), impulsado por el gobierno, también juega un papel crucial en esta problemática. Este régimen otorga beneficios fiscales y facilidades económicas a proyectos de gran envergadura en sectores como la minería, la energía y la forestoindustria, sin exigir evaluaciones de impacto ambiental ni garantizar la protección de los recursos naturales. Esta falta de regulación simplifica la expansión de actividades que aumentan el riesgo de incendios y degradan el medio ambiente.

¿Qué medidas concretas se están tomando para enfrentar esta crisis? ¿Quiénes se benefician realmente de que estos incendios no se apaguen a tiempo? ¿Por qué no hay helicópteros combatiendo el fuego en la Patagonia, pero sí se donan aeronaves a un conflicto en Europa?

Mientras el país enfrenta esta emergencia, Milei elige el show. Prefiere hacer campaña desde la Casa Rosada y librar batallas mediáticas con artistas en lugar de gobernar. Prefiere hacer proselitismo en redes sociales en lugar de ocuparse de los incendios que están arrasando la Patagonia. Prefiere donar helicópteros al extranjero en lugar de proteger a los argentinos.

¿Y qué está haciendo la oposición? ¿Por qué no se está exigiendo un plan de emergencia ambiental desde la Cámara de Diputados? ¿Qué herramientas legislativas pueden activarse para garantizar que el Estado cumpla con su deber de proteger el territorio y a quienes lo habitan? ¿Cómo llamar a la acción, no solo al Gobierno oficial, sino también a quienes tienen la responsabilidad de fiscalizarlo y enfrentarlo?

El Estado debe asumir su responsabilidad. Es urgente que se inviertan recursos en combatir los incendios, fortalecer la prevención y restaurar los ecosistemas afectados. También es necesario regular las actividades económicas que destruyen el medio ambiente en nombre del lucro.

Mientras el fuego avanza sobre El Hoyo, Cholila y Lago Puelo, arrasando con bosques nativos y comunidades enteras, hay tierras que parecen intocables. En El Bolsón, las propiedades de Joe Lewis —el magnate británico que se apropió de una de las reservas de agua dulce más importantes del país gracias a los favores del neoliberalismo— no sufren ni una chispa. ¿Cómo es posible que las llamas arrasen territorios enteros y ni siquiera se acerquen a ciertos enclaves privados?

En un momento donde el país necesita liderazgo y decisiones firmes, tenemos un presidente que prefiere el circo. Pero la realidad no se apaga con tweets ni entrevistas polémicas. Mientras Milei juega al showman, Argentina sigue ardiendo.