El Gobierno avanza con la privatización de AySA y habilita cortes por deuda

El Gobierno nacional oficializó este martes la puesta en marcha del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, que además habilita por primera vez en años el corte de suministro por falta de pago. La medida impacta directamente en millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

La resolución redefine el marco regulatorio de la empresa, autoriza la venta parcial o total de la participación accionaria del Estado Nacional, y otorga nuevas facultades a la concesionaria del servicio, como la posibilidad de interrumpir el suministro de agua potable y cloacas en casos de mora.

Actualmente, el Estado posee el 90% del capital accionario de AySA. Con la nueva normativa, el Gobierno podrá enajenar su parte conforme a las leyes de Reforma del Estado y Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, lo que allana el camino para la entrada de capitales privados y una eventual privatización completa.

El decreto entró en vigencia este 22 de julio y ya fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse en un plazo de diez días hábiles. Según el texto, se derogan más de 100 artículos del régimen anterior y se implementa un período de transición de hasta cinco años tras la privatización, para asegurar la estabilidad financiera de la concesión.

Cortes de servicio por falta de pago
Uno de los puntos más controversiales del decreto es la autorización explícita para cortar el servicio en caso de falta de pago, una medida que hasta ahora estaba restringida por tratarse de un servicio esencial. La empresa podrá cobrar tarifas bajo nuevas modalidades y constituir garantías con los fondos obtenidos, incluso para el repago de eventuales financiamientos privados.

El Ministerio de Economía fue designado como la nueva autoridad de aplicación, y se ordenó a los representantes estatales dentro del directorio de AySA adecuar el estatuto de la empresa a las disposiciones del nuevo marco regulatorio. A partir de ahora, AySA deberá presentar un Plan de Acción y publicar información relevante para los usuarios, incluyendo canales de reclamo y mecanismos de atención.

¿Qué cambia para los usuarios?
Además de la posibilidad de cortes, se espera que las tarifas sufran ajustes significativos en el corto y mediano plazo. El objetivo del nuevo marco es atraer inversión privada y garantizar rentabilidad, lo cual podría traducirse en aumentos sostenidos para los consumidores residenciales e industriales.

La decisión forma parte del plan general del Gobierno para reducir el gasto público y desestatizar empresas bajo control estatal. En el caso de AySA, la privatización implica modificar profundamente la relación entre el prestador del servicio, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), organismos que también verán limitada su participación.

Con esta medida, el Ejecutivo acelera uno de los ejes centrales de su programa económico: el retiro progresivo del Estado de las empresas públicas y la transferencia de servicios a manos privadas, una estrategia que genera fuertes repercusiones tanto políticas como sociales.