
La nueva normativa elimina trabas administrativas y busca reducir costos logísticos. Solo habrá restricciones en curvas montañosas y puentes con capacidad limitada.
Empresarios de Argentina, Brasil y México impulsan una normativa regional para regular a Shein y Temu. Alegan dumping, contaminación, riesgos para la salud y pérdida masiva de empleos en la industria local.
Economía28 de agosto de 2025La industria textil latinoamericana encendió las alarmas frente al avance de las plataformas chinas Shein y Temu, que dominan el mercado con precios bajos y envíos sin barreras. Cámaras de indumentaria de Argentina, Brasil y México preparan una “ley anti-Shein”, inspirada en la normativa francesa, para imponer controles ambientales, sanitarios y comerciales a la ropa importada.
El impacto en el mercado local
Según la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI), la apertura indiscriminada de importaciones ya destruye cerca de 1.500 empleos por mes. Un informe de ProTejer reveló que el 50% de las empresas textiles vendió menos en el segundo trimestre de 2025, con caídas promedio del 7% respecto al año anterior. En los últimos dos años, 8 de cada 10 compañías retrocedieron hasta un 30%.
“Queremos que la ropa que ingrese cumpla las mismas exigencias que tenemos en el país: controles ambientales, sanitarios y fiscales. Hoy competimos contra precios viles y productos de bajísima calidad”, advirtió Claudio Drescher, presidente de la CIAI.
Riesgos para la salud y el ambiente
Las autoridades de Corea del Sur detectaron que prendas infantiles de estas plataformas contenían cadmio y plomo, con niveles hasta 622 veces por encima de lo permitido. A nivel ambiental, el fast fashion se asocia a un incremento del 23% en emisiones de dióxido de carbono solo en 2024, equivalente a cuatro centrales de carbón.
Además, el 76% de las prendas de Shein y Temu se confecciona con poliéster, derivado del petróleo, que libera microplásticos en cada lavado. Apenas el 6% proviene de material reciclado. También se denunció el uso intensivo de químicos en tinturas y acabados, responsables de un 20% de la contaminación industrial del agua.
Dumping y beneficios fiscales
Las plataformas crecieron en la región gracias a la flexibilización de normativas. En Argentina, desde 2024 los envíos courier pasaron de USD 1.000 a USD 3.000 sin mayores restricciones, y las compras de hasta USD 400 están exentas de derechos de importación.
Este marco facilita el ingreso masivo de productos sin control, lo que, según Drescher, genera “una competencia letal para la industria nacional”. En contraste, Brasil aplica un arancel del 35% a este tipo de importaciones, mientras que Argentina lo redujo unilateralmente al 20%.
El modelo francés como referencia
Francia ya sancionó una ley que grava con un impuesto ecológico progresivo al ultra fast fashion: 5 euros por prenda, que ascenderán a 10 euros en 2030. Además, prohíbe la publicidad de estas marcas y obliga a informar en las etiquetas el impacto ambiental de cada prenda.
La norma surgió tras una investigación que expuso prácticas engañosas de Shein, como inflar precios antes de aplicar descuentos ficticios. La compañía fue multada con 40 millones de euros por fraude a consumidores.
Condiciones laborales cuestionadas
El proyecto latinoamericano también apunta a visibilizar la precarización laboral detrás del modelo. En fábricas de Guangzhou, conocidas como el “pueblo Shein”, trabajadores denuncian jornadas de hasta 75 horas semanales, con descansos mínimos y salarios por debajo del estándar de dignidad salarial.
El futuro de la iniciativa
En Argentina, legisladores como Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Martín Lousteau ya manifestaron apoyo a la propuesta. “El fenómeno chino destruye todo. Hoy se compra en plataformas como si fueran Mercado Libre, y eso es letal para la Argentina”, alertó Pichetto.
Drescher se mostró optimista: “Creo que en el primer semestre de 2026 podremos tener una ley anti-Shein. La región comienza a reaccionar y ningún país serio cede su mercado interno sin defender a sus trabajadores”.
La nueva normativa elimina trabas administrativas y busca reducir costos logísticos. Solo habrá restricciones en curvas montañosas y puentes con capacidad limitada.
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