La imagen de Elon Musk, Sundar Pichai, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg en la toma de posesión de Donald Trump ha dado la vuelta al mundo, simbolizando el poder de la élite tecnológica. Juntos, representan una fortuna combinada de un billón de dólares. Pero lo que realmente alarma no es su riqueza, sino la alianza sellada entre Silicon Valley y la nueva ultraderecha global.
Editoriales22 de enero de 2025
Diego CirilliEn esa fría tarde en Washington, quedó claro que la tecno-oligarquía no solo acumula recursos, sino también poder político. La asunción de Musk como funcionario clave del gobierno de Trump es un ejemplo evidente de este proceso. Horas después de la ceremonia, Musk protagonizó una controversia al realizar un gesto que muchos interpretaron como el saludo nazi, un acto que desató el entusiasmo de grupos neonazis y la indignación de gran parte del mundo.
Aunque el video oficial del evento omitió la escena, las reacciones no se hicieron esperar. Musk negó las acusaciones y afirmó que su gesto simbolizaba gratitud, pero el mensaje fue recibido con euforia por extremistas como Nick Fuentes, quien celebró abiertamente el acto.
Un gobierno dominado por multimillonarios
Según el historiador Quinn Slobodian, el gabinete del segundo mandato de Trump está compuesto por al menos 13 multimillonarios, cuya fortuna combinada supera en 60 veces la del equipo de Joe Biden. Dentro de las diez personas más ricas de Estados Unidos, todos, salvo Warren Buffet, provienen de empresas tecnológicas. Este grupo se ha acercado a Trump buscando bloquear cualquier intento de regulación sobre redes sociales, plataformas digitales e inteligencia artificial.
El indulto masivo otorgado por Trump a 1,600 participantes del asalto al Capitolio de 2021, incluidos líderes de milicias supremacistas como Proud Boys y Oath Keepers, refuerza su postura autoritaria. Entre los indultados destaca Jake Angeli-Chansley, el "QAnon Shaman", quien celebró el perdón presidencial con mensajes que glorifican el uso de armas y el extremismo.
El riesgo global de la normalización del extremismo
Las primeras redadas de la campaña de “deportación masiva” de Trump ya han comenzado, eliminando la protección que ofrecían iglesias, hospitales y escuelas como refugios. La posibilidad de que el gobierno utilice datos recopilados por las grandes tecnológicas para perseguir a inmigrantes y opositores es una amenaza real que pone en jaque los derechos fundamentales.
Este escenario plantea una pregunta inquietante: ¿cómo es posible que se permita esta alianza entre la élite económica y el extremismo político? La respuesta parece estar en la consolidación de un sistema diseñado para proteger el privilegio y perpetuar la acumulación de poder.
La amenaza para la democracia
La normalización de la ultraderecha, liderada por figuras como Trump y respaldada por multimillonarios de Silicon Valley, es un riesgo existencial para la democracia. Subestimar este peligro no solo refleja una falta de análisis crítico, sino también un preocupante instinto de autodestrucción colectiva.
En un mundo donde la tecnología y la política se entrelazan cada vez más, la resistencia a esta alianza es esencial para garantizar la supervivencia de los valores democráticos y la igualdad global. La pregunta no es si el riesgo es real, sino cuánto tiempo queda antes de que sus consecuencias sean irreversibles.
El polémico cuestionario del gobierno que pone a prueba la democracia
El Gobierno argentino ha lanzado una encuesta que ha generado controversia por su enfoque y el tipo de preguntas que plantea. Una de ellas, simple pero reveladora, interroga a los participantes sobre su preferencia entre un gobierno democrático que respete los derechos individuales o un régimen autoritario con buenos resultados económicos. La consulta parece diseñada para medir el terreno en un escenario de posibles ajustes económicos y políticos impulsados por el presidente Javier Milei, cuya admiración por modelos autoritarios es bien conocida.
Una encuesta con sesgo libertario y críticas a la democracia
El cuestionario, diseñado por el equipo de la Casa Rosada, circula principalmente por internet y ha sido señalado por su marcado sesgo ideológico. Algunas preguntas parecen deslegitimar instituciones democráticas, periodistas y figuras políticas. Incluso incluye un ranking para elegir al "periodista más odiado", lo que fomenta un discurso de confrontación contra los medios de comunicación.
Además, el cuestionario evalúa a diputados, senadores y jueces, reflejando una afinidad con regímenes autoritarios como los de Nayib Bukele en El Salvador o Jair Bolsonaro en Brasil, modelos que Milei ha citado como inspiración.
Entre las consultas más inusuales destaca la evaluación del influencer Daniel Parisini, alias "Gordo Dan", un reconocido militante libertario cercano al gobierno. Se pide a los encuestados comparar su credibilidad con la de periodistas profesionales, una estrategia que parece más propaganda que sondeo legítimo.
La percepción de los argentinos sobre la democracia
Aunque los resultados oficiales de esta encuesta podrían nunca hacerse públicos, los datos recientes del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires arrojan luz sobre cómo los argentinos valoran la democracia. En una escala del 1 al 10, donde 10 representa la mayor valoración, el promedio de importancia otorgado a vivir en democracia es de 9,3. Sin embargo, al calificar el desempeño de la democracia actual, el puntaje promedio baja a 6,6.
Esta brecha de casi tres puntos refleja una insatisfacción palpable con el funcionamiento de las instituciones democráticas. Este desencanto podría estar siendo utilizado por el gobierno para justificar políticas más autoritarias, apelando a un electorado que prioriza resultados económicos sobre valores democráticos.
Una estrategia costosa y cuestionada
El gobierno ha destinado cientos de millones de pesos a contrataciones de encuestadoras para monitorear la opinión pública, según consta en el Boletín Oficial. Sin embargo, los detalles de estos "monitoreos de gestión" permanecen en la sombra. La falta de transparencia en los resultados alimenta la sospecha de que estas encuestas son herramientas para validar decisiones políticas más que instrumentos genuinos de análisis social.
¿Hacia dónde apunta el cuestionario?
El trasfondo de esta encuesta no deja lugar a dudas: el gobierno parece explorar si el descontento con la democracia actual podría traducirse en una mayor tolerancia hacia políticas autoritarias. Este movimiento se alinea con la retórica libertaria de Milei, que ve en las instituciones democráticas obstáculos para la implementación de su agenda.
Si bien la democracia sigue siendo altamente valorada por los argentinos, la insatisfacción con su desempeño podría ser un terreno fértil para propuestas más radicales. En un contexto donde las encuestas se transforman en herramientas políticas, la pregunta no es solo qué buscan medir, sino también qué intentan justificar.
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