Milei recorta 73% del presupuesto contra incendios y desata crisis en la Patagonia

En la Comarca Andina, el fuego avanza sin freno. Ante la ausencia de ayuda gubernamental, los vecinos de Wharton-La Confluencia se organizaron para combatir las llamas. Sin embargo, lejos de recibir apoyo, fueron reprimidos por grupos paraestatales. “Pedimos prevención y financiamiento, pero nunca llega. Hay intereses que buscan desplazar a las comunidades con el fuego como herramienta”, denunció Manuel, uno de los brigadistas voluntarios.

Mientras el desastre ecológico se intensifica, el gobierno nacional elige culpar a los pueblos originarios en lugar de actuar contra los verdaderos responsables. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criminaliza a las comunidades mapuches, mientras los incendios devoran miles de hectáreas.

Empresarios beneficiados y comunidades reprimidas
Lejos de ser un descuido, el recorte presupuestario y la represión responden a un plan deliberado que favorece a grandes empresarios. Joe Lewis, magnate británico, mantiene el control de Lago Escondido con la connivencia del Estado. Empresas como Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y el holding Nieves de Mendoza también avanzan en la explotación del territorio.

Los arrestos arbitrarios se multiplican. La policía de Río Negro detuvo a brigadistas voluntarios bajo acusaciones falsas de “terrorismo”, repitiendo la estrategia utilizada contra los mapuches en los últimos años. “El Estado provincial y nacional buscan chivos expiatorios para justificar el saqueo del territorio”, denunció el abogado Rubén Marigo, de la APDH.

Represas y negocios ocultos tras el fuego
Mientras la Patagonia arde, proyectos hidroeléctricos avanzan en terrenos afectados por los incendios. El gobierno de Río Negro otorgó permisos para tres centrales hidroeléctricas en la zona de Confluencia y Villa Mascardi, donde recientemente se desataron focos de fuego. Entre los beneficiarios de estos permisos figuran el extenista Gastón Gaudio y el empresario catarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri.

Militarización y represión como estrategia de control
El gobierno de Milei impulsa una política de militarización interna para proteger los intereses empresariales. Con el Decreto 1107/2024, las Fuerzas Armadas pueden intervenir en territorio nacional, bajo el pretexto de resguardar “objetivos estratégicos” como represas, litio y tierras en disputa.

La reciente creación de la “Unidad de Seguridad Productiva” busca blindar a las empresas que operan bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), otorgándoles protección policial y militar ante cualquier oposición popular. La estrategia es clara: criminalizar la resistencia y garantizar la expulsión de comunidades para abrir paso a los negocios privados.

Un modelo de saqueo y despojo
La crisis en la Patagonia no es un hecho aislado. Es parte de un plan económico que combina ajuste, represión y entrega de recursos naturales. La narrativa del “enemigo interno”, utilizada por Bullrich desde 2016, se intensifica con la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Mientras los incendios avanzan sin freno y las comunidades son perseguidas, los grandes empresarios siguen acumulando tierras y recursos con la complicidad del gobierno. La Patagonia se vacía y se militariza, en un modelo que replica las políticas de saqueo de las dictaduras del siglo XX.

La pregunta es: ¿cuánto más resistirá la sociedad antes de decir basta?