Inseguridad: datos, contexto y un debate racional necesario

Más allá de los posicionamientos políticos, los datos oficiales permiten analizar el problema con mayor profundidad y alejarse de simplificaciones que poco contribuyen a la discusión.

¿Cuál es la situación real de la inseguridad en la provincia?

Según el último informe del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en 2023 se registraron 2.012 investigaciones penales por homicidios dolosos, de los cuales 822 fueron consumados. Esto representa un aumento del 14,8% respecto a 2022. Sin embargo, si se amplía el análisis al período 2019-2023, se observa que los homicidios en la provincia disminuyeron un 10,5%, ello se encuentra en sintonía con los datos de la nación que llevaron incluso a que la ministra de la seguridad nacional publique el pasado enero que la tasa de homicidios dolosos bajó a 3,8%, si bien los datos aún no fueron publicados, esto evidencia una tendencia de largo plazo más estable.

La tasa de homicidios en la provincia en 2023 fue de 4,86 cada 100 mil habitantes, apenas por encima del promedio nacional (4,4) y muy por debajo de los valores registrados en los peores momentos de la historia, como en 2002, cuando la tasa nacional alcanzó los 10 homicidios cada 100 mil habitantes.

Si bien la violencia letal genera una gran preocupación, es importante analizar su composición. 

Los datos indican que la mayoría de los homicidios no ocurrieron en el marco de un robo, sino que estuvieron vinculados a conflictos interpersonales (29%) - recordemos el caso del jubilado que asesinó a su vecino por la música alta a inicios del año-, y violencia de género (en el caso de las mujeres, el 73,6% de las víctimas fueron asesinadas en el marco de femicidios). Los homicidios en ocasión de robo representaron solo el 16% del total.

Además, el 62,4% de los homicidios en el conurbano, en particular en La Plata y Mar del Plata ocurrieron en la vía pública, mientras que en el interior de la provincia el 55,8% sucedieron dentro de viviendas, lo que refuerza la idea de que gran parte de los crímenes responden a dinámicas de violencia interpersonal y no exclusivamente a delitos vinculados a la inseguridad urbana.

Este no es un dato menor, las situaciones de violencia se ocultan detrás de las puertas del hogar. Asimismo, podría ampliarse este dato reflexionando sobre las situaciones de violencia de género que en consecuencia generan violencias contra las niñeces y adolescencias que sufren de violencia directa de parte de sus progenitores o familia ampliada, violencia física, psicológica, abuso sexual y negligencias. 

Por motivo el concepto monolítico de la “violencia” oculta mucho más; relaciones interpersonales, diferentes tipos de violencia, vínculos asimétricos de poder, falta de gestión de emociones, baja tolerancia a la frustración, etc. La inseguridad tampoco resulta ser unicausal, sino un resultado de múltiples factores, en donde las condiciones socioeconómicas en las que la población está siendo subsumida, asociada a los bajos sueldos, aumentos de paritarias paupérrimas, versus los aumentos en alimentos, bienes y servicios, conllevan a un caldo de cultivo para el “sálvese quien pueda”. 

El aumento de los robos y su relación con la crisis económica

Si bien la tasa de homicidios se mantiene en valores relativamente bajos en comparación con otros momentos de crisis en el país, el delito que más ha crecido en los últimos años es el robo. En 2020 se denunciaron 336.000 robos en todo el país, mientras que en 2023 esa cifra ascendió a 455.000, un aumento del 35% en apenas tres años.

Este crecimiento no es un fenómeno aislado ni exclusivo de la Provincia de Buenos Aires. Existen antecedentes históricos que muestran que en contextos de deterioro económico y aumento de la pobreza, los delitos contra la propiedad tienden a incrementarse. Aunque en la actualidad la situación es distinta, los altos niveles de pobreza y desigualdad pueden estar incidiendo en el aumento de ciertos delitos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el fenómeno de la "cifra negra" del delito, es decir, aquellos hechos que no son denunciados. En el caso de los robos, se estima que solo se reporta un tercio de los casos, por lo que la cantidad real de incidentes podría ser significativamente mayor a la registrada oficialmente.

Asimismo, debemos mencionar que el gobierno apunta directamente sobre los jóvenes, y con ello intentan justificar la baja de edad de imputabilidad, sin embargo las estadísticas reflejan que en el año 2023 los delitos cometidos por menores no llegan al 3% (2,2).

La salida entonces no es punitiva, sino con un fortalecimiento de políticas educativas, de reinserción escolar, de acompañamiento a las trayectorias educativas comprendiendo que el derecho a la educación permite la adquisición de herramientas y la construcción de ciudadanía, necesaria en tiempos de individualidad. 

La seguridad como política de Estado

Ante este escenario, es fundamental que al momento de abordar la discusión sobre la inseguridad, la misma sea sin fanatismos ni prejuicios ideológicos, evitando tomar medidas parches de carácter punitivo o llamada “mano dura”, ni apurar los procesos formativos de los miembros de las distintas fuerzas policiales.

Es necesario entender que la seguridad no depende exclusivamente de la acción policial de una provincia, sino que requiere un enfoque integral que incluya medidas económicas, sociales, de fortalecimiento institucional y, fundamentalmente de una política criminal clara, concreta y segmentada comprendiendo las diversas complejidades del territorio (nación, provincia y municipio) y los distintos conflictos o potenciales delitos que se cometen en cada uno de ellos. Para esta tarea, la intervención de los distintos actores de la comunidad será necesaria.

La Provincia de Buenos Aires ha destinado recursos a la capacitación de sus fuerzas de seguridad, la incorporación de tecnología y el refuerzo del patrullaje en zonas críticas. Sin embargo, cualquier estrategia de seguridad requiere financiamiento adecuado. 

En ese sentido, el reclamo de Kicillof por los fondos de seguridad que la Nación adeuda a la provincia no es menor: sin los recursos correspondientes, es difícil mejorar la infraestructura, la formación policial y la capacidad de respuesta ante los distintos tipos de delitos y conflictividades.

Por otra parte, es necesario un abordaje más amplio que incluya políticas de prevención, fortalecimiento del tejido social, reducción de los factores estructurales que generan condiciones propicias para el delito, un ministerio público fiscal capacitado y con recursos, un poder judicial verdaderamente democratico y servicios penitenciarios con capacidad de garantizar los fines que la constitución le asigna a la pena: "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados"(art. 10, ap.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos). En este sentido, la inversión en educación, trabajo, urbanización de barrios populares y políticas dirigidas a las juventudes serán clave para reducir la violencia a mediano y largo plazo.

Conclusión

El problema de la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires es real y preocupa a la ciudadanía, pero los datos muestran una realidad más matizada de la que plantean los discursos alarmistas. Si bien los homicidios han aumentado en el último año, la tendencia de los últimos cuatro años sigue siendo descendente. Además, la mayoría de los homicidios no están vinculados a robos, sino a conflictos interpersonales y violencia de género, cuestión abandonada y bastardeada de la agenda política del presidente, pero que sigue una línea de expresión contínua. 

El crecimiento de los robos es un dato que merece atención, y su relación con el contexto económico no puede pasarse por alto. Para abordar la inseguridad de manera efectiva, es necesario combinar medidas de corto plazo, como el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, mejoras salariales y capacitación en métodos alternativos de resolución de conflictos, conjuntamente con estrategias de largo plazo que ataquen las causas estructurales del delito como las capacitaciones en investigación criminal, fortalecimiento del ministerio público fiscal y una democratización del poder judicial que esté al servicio del pueblo.

En este contexto, es indispensable que la discusión sobre la seguridad no se limite a acusaciones cruzadas entre distintos niveles de gobierno, sino que se base en datos concretos y en soluciones integrales que beneficien a toda la sociedad.