Rebelión judicial contra la Corte Suprema: crece el rechazo al fallo que beneficia a la Justicia porteña

La Corte Suprema enfrenta una revuelta judicial sin precedentes tras su fallo de diciembre de 2024 que habilitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño a revisar causas de la Justicia Nacional. La Cámara Civil encendió la alarma este martes al acusar a los supremos de afectar la división de poderes y poner en jaque el acceso a la jurisdicción, el debido proceso y la seguridad jurídica. Pero no está sola: la Cámara del Trabajo, la Cámara del Crimen y la Cámara Comercial también se suman a la resistencia.

Un fallo que desata el caos
El fallo de la Corte permite que los recursos extraordinarios de causas civiles, laborales, penales y comerciales terminen en el TSJ porteño, un tribunal con jueces afines al macrismo. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional presentó una revocatoria en 16 causas clave, incluida la del Correo Argentino de la familia Macri, mientras que el Procurador General interino, Eduardo Casal, solicitó suspender la decisión al considerar que los fiscales nacionales no pueden litigar en tribunales porteños.

El impacto del fallo ha generado caos en los tribunales. Jueces y fiscales advierten que la medida traerá demoras, costos adicionales para los litigantes y obstaculizará el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. La Cámara Civil ya prepara un "fallo plenario" para frenar la aplicación de la sentencia suprema.

Macri y el caso Correo: el trasfondo político
Detrás de la revuelta judicial hay un trasfondo político que no pasa desapercibido. La sentencia de la Corte Suprema favorece los intereses de Mauricio Macri y el grupo SOCMA, que buscan trasladar la causa por la deuda millonaria del Correo Argentino al TSJ porteño, donde tienen mejores perspectivas. La quiebra del Correo quedó en suspenso gracias a un recurso extraordinario, y la Corte Suprema le dio tres años de oxígeno sin tratar el tema.

La causa "Levinas" sirvió de precedente para esta maniobra. En este caso, el panelista Gabriel Levinas apeló ante el TSJ porteño un fallo de la Cámara Civil que lo obligaba a pagar 88.000 dólares a la familia del artista plástico León Ferrari por la venta irregular de unas obras. El TSJ porteño reclamó la competencia, y la Corte Suprema le dio la razón. Esta decisión abrió la puerta a que otras causas, incluida la del Correo, sigan el mismo camino.

La Corte en la cuerda floja
El fallo de la Corte Suprema no fue unánime: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el ya jubilado Juan Carlos Maqueda firmaron la decisión, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Ahora, con solo tres jueces en funciones, la Corte enfrenta un dilema. La presión de la comunidad judicial podría obligar a Rosatti y Lorenzetti a reconsiderar su postura.

Este jueves, la Corte Suprema abordará el tema en su acuerdo semanal, pero no hay garantías de una decisión inmediata. Mientras tanto, la Asociación de Magistrados intensifica su ofensiva. Su presidente, Andrés Basso, lidera el reclamo contra el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad y argumenta que la decisión suprema contradice sus propios precedentes.

El futuro de la justicia en juego
El conflicto escaló rápidamente y amenaza con convertirse en una crisis institucional. Jueces y fiscales nacionales consideran que la Corte Suprema está legislando con sus sentencias y que la decisión sobre el traspaso de competencias debería ser potestad exclusiva del Congreso.

Con la mayoría de las cámaras nacionales en pie de guerra y la Asociación de Magistrados exigiendo una marcha atrás, la Corte Suprema enfrenta una decisión clave que podría redefinir el equilibrio de poderes en la Justicia argentina. El desenlace es incierto, pero una cosa es segura: la revuelta judicial no se detendrá fácilmente.