El Gobierno reubica la Secretaría de Inteligencia en un edificio contiguo a la Cámara Nacional Electoral, a pocas semanas de los comicios. La decisión genera inquietud por su cercanía simbólica y política con el organismo que regula las elecciones.
Escándalo en la Procuración: despidos por venta de datos sobre YPF
El Gobierno ordenó cesantías en la Procuración del Tesoro tras detectar filtraciones sobre la causa por la expropiación de YPF. Se habla de venta de información a fondos litigantes y de una reestructuración profunda del organismo.
Política16 de julio de 2025
En medio de la batalla judicial internacional por la estatización de YPF, el Gobierno argentino enfrenta un nuevo frente interno: sospechas de filtraciones y presunta venta de información confidencial desde la Procuración del Tesoro. La Casa Rosada ya ordenó una serie de despidos y planea una reestructuración total del organismo clave en la defensa legal del Estado.
Desde el Ejecutivo aseguran que hay indicios de que datos sensibles habrían sido vendidos a terceros, posiblemente a fondos como Burford Capital, principal beneficiario del fallo que condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera.
“La hipótesis es venta de información estratégica”, revelaron fuentes oficiales, aludiendo a irregularidades internas que comprometen la posición del país en litigios de alto impacto. La Procuración del Tesoro, liderada por Santiago Castro Videla, estaría bajo un proceso de purga interna que incluye la disolución de áreas completas.
El escándalo estalló justo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara su intervención como amicus curiae en apoyo a Argentina. En un escrito de diez páginas, Washington expresó que una orden judicial que obligue a entregar bienes soberanos de Argentina sería una violación a las leyes internacionales de inmunidad estatal.
Este respaldo legal por parte del gobierno estadounidense no es nuevo. Ya en 2024, durante la presidencia de Joe Biden, se había recomendado a la jueza Loretta Preska desestimar la entrega de acciones a Burford. Sin embargo, la jueza —de perfil conservador y alineada con el Partido Republicano— volvió a ignorar esas recomendaciones y hace solo días ordenó el traspaso del 51% de las acciones de YPF que aún están en manos del Estado.
El caso, iniciado en 2012, se intensifica ahora con una estrategia del Gobierno argentino que busca sumar apoyos internacionales. Se espera que países como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania puedan sumarse también como amicus curiae en esta pulseada judicial, aunque aún no hay confirmaciones oficiales.
La intervención del Departamento de Justicia tiene un objetivo claro: presionar a la Corte de Apelaciones de Nueva York para que suspenda la ejecución del fallo mientras se tramita la apelación argentina. Sin embargo, el apoyo no se extiende a la apelación general ni al fallo de los 16.100 millones de dólares, lo que deja a la Argentina en una posición incierta.
En este contexto, la aparición de una presunta red interna que filtró datos clave compromete aún más la defensa del país. Según trascendió, el Procurador Castro Videla prepara un comunicado oficial con los detalles de la reestructuración del organismo, que se perfila como uno de los más delicados del Estado debido al volumen de juicios internacionales en curso.
Mientras tanto, el futuro de YPF sigue siendo un punto neurálgico de la política exterior y económica argentina, donde cualquier fisura interna —como esta supuesta venta de información— puede tener consecuencias millonarias.
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