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La Justicia ordenó el pago millonario en concepto de decomiso por corrupción en la obra pública. Si no cumplen en 10 días hábiles, se rematarán sus bienes, entre ellos propiedades, empresas y cajas de seguridad.
Política15 de julio de 2025El Tribunal Oral Federal N°2 ordenó a Cristina Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad a pagar 684.000 millones de pesos como decomiso por el desvío de fondos públicos en obras adjudicadas durante su gobierno. Esta suma, determinada por peritos de la Corte Suprema y actualizada por inflación, deberá ser abonada en un plazo máximo de 10 días hábiles. De no cumplirse, se procederá al remate de los bienes embargados.
La cifra, equivalente a 537 millones de dólares al cambio oficial, fue definida como una reparación por el daño ocasionado al Estado en uno de los casos de corrupción más significativos de la historia reciente del país. La resolución establece un pago solidario, lo que implica que entre los condenados deben definir cómo se distribuirá el pago total, sin divisiones proporcionales preestablecidas.
El tribunal habilitó una cuenta especial en el Banco Nación para que se deposite el dinero antes del 13 de agosto a las 9:30, fecha en que vence el plazo legal considerando la feria judicial.
Entre los bienes embargados de Cristina Kirchner figuran propiedades en Santa Cruz y en la Ciudad de Buenos Aires, además de las firmas familiares como Los Sauces, donde está registrado el departamento en el que actualmente cumple prisión domiciliaria. También se incluyen cajas de seguridad con millones de dólares, una de ellas perteneciente a su hija Florencia Kirchner.
Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu indicaron que el decomiso es resultado de una “determinación fehaciente del daño al erario público” producto de un esquema de corrupción en la adjudicación de obras a empresas de Lázaro Báez, también condenado y con prisión efectiva.
La suma original del decomiso, establecida en 85 mil millones en 2022, fue actualizada con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El tribunal desestimó un informe alternativo presentado por la defensa de Kirchner, que estimaba el monto en apenas 42 mil millones, equivalente al 6% del valor oficial. La Justicia rechazó el cálculo por basarse en una metodología distinta y carente de respaldo técnico suficiente.
Además de Kirchner y Báez, están obligados a pagar: José López (ex secretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional) y cinco exfuncionarios de Vialidad en Santa Cruz. Todos ellos cumplen condenas, algunos en prisión efectiva y otros bajo arresto domiciliario.
La decisión del tribunal podría ser apelada, aunque esto no suspende la exigencia de pago ni el posible remate de los bienes afectados. El fallo marca un nuevo capítulo judicial en torno a los escándalos de corrupción que marcaron la era kirchnerista y reactiva el debate público sobre la impunidad, el rol del poder judicial y el destino de los fondos públicos desviados.
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