Ley para proteger escuelas rurales: proponen frenar las fumigaciones cerca de zonas educativas

Una propuesta legislativa presentada por la diputada bonaerense Sabrina Sabat podría transformar radicalmente la relación entre el modelo agroindustrial y las comunidades rurales. El proyecto busca prohibir el uso de agroquímicos en campos lindantes a escuelas rurales, una demanda largamente postergada en la provincia de Buenos Aires.

Sabat, presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios, advirtió sobre la necesidad de establecer “zonas de resguardo” que eviten la exposición directa a fumigaciones. “Es fundamental generar pautas claras para proteger a estudiantes, docentes y trabajadores escolares”, afirmó.

Pero la propuesta va más allá de una simple restricción. Incluye la presencia obligatoria del asesor técnico durante cada aplicación de agroquímicos, así como la notificación previa —con al menos 48 horas de anticipación— por parte de productores o arrendatarios. El incumplimiento de estas medidas implicaría sanciones.

Salud, educación y producción: un equilibrio delicado
La diputada subrayó que el proyecto no busca enfrentar al sector agropecuario, sino impulsar prácticas responsables que respeten el derecho a un ambiente sano. En zonas rurales, muchas escuelas se encuentran rodeadas de campos fumigados, lo que expone a niños y docentes a sustancias tóxicas sin una normativa que los proteja eficazmente.

“No podemos permitir que la educación comprometa la salud integral de nuestras comunidades”, enfatizó Sabat, instando al resto del arco legislativo a acompañar el debate.

Precedente en Santa Fe y evidencia científica
El proyecto bonaerense cobra fuerza tras el reciente fallo histórico de la Corte Suprema de Santa Fe, que prohibió fumigar a menos de mil metros del ejido urbano en la comuna de Piamonte. El veredicto estuvo basado en estudios científicos que revelaron daño genético en una niña de 9 años expuesta a agrotóxicos.

El fallo también vetó el tránsito de maquinaria fumigadora dentro de zonas habitadas y ordenó controles más estrictos en áreas sensibles como escuelas y hospitales. Investigaciones médicas y pericias confirmaron la relación entre el uso intensivo de agroquímicos y enfermedades como cáncer, abortos espontáneos y malformaciones congénitas.

“El cambio hacia un modelo agroecológico es viable sin afectar la producción ni los derechos de propiedad”, aseguró el ingeniero agrónomo Nicolás Indelángelo, involucrado en la causa judicial.

Una normativa que nunca se aplicó
En Buenos Aires, los agroquímicos siguen regulados por la Resolución 246 del año 2018, que nunca entró en vigor. Recientemente fue prorrogada por el Ministerio de Desarrollo Agrario a través de la Resolución 2/25, extendiendo su vigencia por 210 días desde enero de 2025.

La medida incluye ajustes como la implementación obligatoria de recetas agronómicas y un sistema de georreferenciación para zonas restringidas. Sin embargo, organizaciones ambientalistas denuncian demoras y una notoria falta de voluntad política para aplicar controles efectivos.

¿Se viene un nuevo paradigma?
La iniciativa de Sabat busca llenar ese vacío legal y podría marcar el comienzo de una legislación robusta con foco en salud y ambiente. La decisión ahora recae en la Legislatura bonaerense, donde el debate promete ser intenso.

¿Será este el primer paso hacia una producción más responsable? El desafío está planteado: equilibrar el desarrollo rural con el derecho irrenunciable a la vida y al entorno saludable.