Inversionistas presionan a la justicia de EE.UU. para que declare al banco como responsable directo de bonos en default por más de 100 millones de dólares.
La Provincia18 de abril de 2025
Los fondos Glacial Capital y TRSE Holdings redoblan la presión judicial contra el gobierno bonaerense, ahora poniendo en la mira al Banco Provincia. Ambos acreedores reclaman el cobro de una deuda en default desde 2021, y buscan que la entidad financiera sea considerada el "alter ego" del Estado de Buenos Aires para hacerse del dinero.
Este nuevo capítulo en el extenso conflicto legal se desarrolla en el tribunal del distrito sur de Nueva York. Allí, los fondos pidieron que se haga responsable al Banco Provincia por un pasivo que asciende a 103,2 millones de dólares. Su estrategia se basa en demostrar que el banco opera como una extensión directa del gobierno provincial, especialmente debido a su uso de cuentas corresponsales en Estados Unidos para realizar operaciones financieras.
El litigio se remonta a diciembre de 2021, cuando Glacial Capital y TRSE Holdings iniciaron acciones legales por 27 millones de dólares correspondientes a bonos impagos que vencieron en enero de ese año. A pesar de que la administración de Axel Kicillof logró reestructurar la mayor parte de su deuda externa en un canje exitoso, estos dos fondos no aceptaron el acuerdo y continuaron con la vía judicial.
En octubre de 2024, los fondos intensificaron su ofensiva al demandar al Banco Provincia, buscando cobrar directamente los fallos judiciales ya obtenidos: uno por 35 millones y otro por 125 millones de dólares. Aunque las sentencias están firmes, los demandantes todavía no lograron ejecutar los pagos, lo que alimenta su ofensiva contra el banco.
La jugada de Glacial Capital y TRSE Holdings apunta a que, al declarar al Banco Provincia como “alter ego” del Estado bonaerense, se pueda embargar activos de la entidad en territorio estadounidense, una maniobra legal que ya ha sido utilizada por fondos buitre en otros conflictos internacionales de deuda soberana.
Mientras tanto, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, anunció en septiembre de 2024 un pago de 240 millones de dólares a bonistas que sí ingresaron al canje, intentando mostrar voluntad de pago y compromiso con la reestructuración. Sin embargo, la disputa con los fondos que no aceptaron el acuerdo sigue siendo un frente judicial abierto que podría tener consecuencias para una de las instituciones financieras más importantes de la provincia.
La estrategia judicial de los acreedores encendió alarmas en el gobierno, ya que, de prosperar, sentaría un precedente riesgoso para futuras emisiones de deuda. Además, pondría en jaque al Banco Provincia, no solo desde lo financiero, sino también desde su rol como entidad clave para el funcionamiento económico del distrito más grande del país.
El escenario está cargado de tensión, con una resolución judicial que podría reconfigurar las reglas del juego entre gobiernos subnacionales y acreedores internacionales.
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