Milei avanza con un duro recorte en el INTA que afecta fuertemente al campo bonaerense

Tras meses de tensiones, el Gobierno nacional finalmente concretó un fuerte ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), uno de los organismos científicos más importantes del país. Bajo el lema de “reestructuración”, el Ejecutivo avanza con un plan que implica la reducción del 30% del personal, venta de tierras y edificios considerados "improductivos" y un cambio estructural en la conducción del organismo.

La decisión fue impulsada directamente por el Ejecutivo y ejecutada por las nuevas autoridades del INTA: Nicolás Bronzovich y Beatriz Giraudo, ambos con antecedentes en Aapresid. El Consejo Directivo aprobó los cambios con mayoría de votos: solo dos integrantes se opusieron y hubo una ausencia.

El plan incluye la creación de una nueva Secretaría de Coordinación que absorberá las funciones del actual Director Nacional, un movimiento interpretado como el inicio de una transformación profunda dentro del instituto. Este cambio estructural, afirman desde el sector sindical, responde a una estrategia para alinear al INTA con intereses del sector privado.

Julieta Boedo, representante de ATE, fue clara en su advertencia: “Esto tal vez recién empiece. Es la puerta a otra avanzada. Tenemos que estar atentos y disponibles”. La preocupación principal gira en torno a un modelo de extensión agrícola que priorice el negocio por encima del conocimiento técnico y científico, con un enfoque similar al implementado por Aapresid.

Desde el gremio Apinta, que nuclea a los trabajadores del INTA, también se encendieron las alarmas. Mario Romero, su Secretario Nacional, cuestionó duramente la decisión: “Vienen por todo en el INTA. Estos tipos son unos piratas, inescrupulosos, y están al borde de la ilegalidad. Vamos a defender nuestro instituto y a nuestros compañeros y compañeras”.

Romero confirmó que se mantiene en pie una movilización nacional para el próximo 24 de abril, donde trabajadores y trabajadoras de todo el país planean manifestarse en contra del ajuste. Según explicó, la medida no solo pone en riesgo miles de empleos, sino que también amenaza la misión pública y científica del INTA.

La medida despierta temor entre los empleados del instituto, quienes temen que el recorte sea el primer paso hacia una privatización progresiva. Señalan que podría darse una cesión de funciones a entidades privadas “amigas del poder”, lo que alteraría el espíritu federal, público y autónomo del organismo.

Además, se encargó la elaboración de una nueva propuesta de retiro voluntario y quedaron pendientes de resolución iniciativas como la reestructuración de centros, la reformulación del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (Ciapaf) y la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA). Se decidió bajar un 70% las direcciones y un 20% las gerencias.

El futuro del INTA, pieza clave en el desarrollo tecnológico del agro bonaerense, queda ahora en el centro de una disputa política y social. Mientras el Gobierno avanza con su reestructuración, los trabajadores se preparan para una resistencia que, aseguran, recién comienza.