Vecinos, productores y legisladores exigen soluciones urgentes por el colapso de las rutas nacionales 33 y 35. El deterioro afecta la producción, eleva los costos logísticos y pone en riesgo vidas. La bronca crece ante la parálisis estatal y el impacto del ajuste en infraestructura.
La Provincia07 de abril de 2025
Diego Cirilli
La situación de las rutas nacionales 33 y 35 en el sudoeste de Buenos Aires alcanzó un punto crítico. Tras el temporal del 7 de marzo y el freno a las obras públicas, vecinos, transportistas y legisladores lanzaron un fuerte reclamo al Gobierno Nacional por el abandono de estas arterias clave para la producción y el tránsito regional.
Ruta 35: corte total y costos por las nubes
La Ruta Nacional 35 permanece totalmente interrumpida entre los kilómetros 8 y 125, afectando el tramo entre Villa Iris y Bahía Blanca. Las lluvias extremas destruyeron el asfalto, y pese a trabajos parciales de Vialidad Nacional, el terreno sigue siendo inestable y sin desvíos seguros.
“Este corredor es vital para el transporte de granos hacia el puerto de Bahía Blanca”, alertó la senadora provincial Nerina Neumann Losada, quien también denunció que los productores deben desviar su mercadería por la Ruta 33, duplicando los costos.
“El flete desde Villa Iris al puerto pasó de $558.000 a $1.045.000”, ejemplificó la legisladora, remarcando el impacto económico directo para pequeños y medianos productores. Además, advirtió sobre la dificultad de encontrar soluciones ante el debilitamiento institucional de Vialidad y el recorte impulsado desde el Ministerio de Desregulación.
Ruta 33: el abandono obliga a la acción vecinal
En la RN 33, el escenario es igual de alarmante. Vecinos como Marcelo Costa, de América, tomaron medidas drásticas para visibilizar el problema. Costa se acostó dentro de un pozo en la ruta y lo marcó con cal para evitar accidentes. “Hay pozos de hasta dos metros. Rompí varias llantas. Nadie hace nada”, declaró.
Los tramos más deteriorados son los que van de Fortín Olavarría a América y de Villegas a Rufino. “Hace dos años que no hay mantenimiento. Ya hubo muertes y vuelcos”, denunció Costa. Aunque Vialidad Nacional asegura que se realizaron trabajos de bacheo en noviembre pasado, los vecinos insisten en que fueron insuficientes.
Emergencia vial sin respuestas concretas
Tras el temporal de marzo, se declaró la Emergencia Vial por 180 días en las rutas 3, 33, 35 y 252. El informe oficial detalló daños severos: alcantarillas colapsadas, pavimento roto y acumulación de agua.
En paralelo, el Gobierno nacional avanza con la intervención de Corredores Viales S.A., en línea con su política de privatización y ajuste. Esta decisión genera incertidumbre sobre la continuidad de las obras en rutas estratégicas del país.
Desgaste político y acción ciudadana
Mientras los ciudadanos cortan pastizales y pintan pozos por su cuenta, las respuestas políticas son contradictorias. El diputado Valentín Miranda pide reactivar las obras, mientras que el concejal Gustavo Bories afirma que ya hay una empresa adjudicada, pero que los trabajos recién comenzarían a fin de año.
“Yo no soy de ningún partido. Solo quiero que tapen los pozos antes de que muera más gente”, sentenció Costa.
La crisis vial en las rutas 33 y 35 se transformó en símbolo del abandono estatal. En caminos sin peaje, donde se exige VTV pero no se garantiza seguridad, la indignación crece. Para los habitantes del sudoeste bonaerense, el reclamo ya no es solo una queja: es un grito desesperado por ser escuchados.
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