El ajuste no se jubila: Milei veta derechos y deja a miles en la intemperie

Este lunes 4 de agosto de 2025, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, que vetó en su totalidad tres leyes recién aprobadas por el Congreso:
 • el aumento del 7,2 % para jubilaciones y pensiones,
 • el incremento del bono de $70.000 a $110.000,
 • la reapertura por dos años de la moratoria previsional,
además de la declaración de emergencia nacional en discapacidad.

¿Cuál fue la excusa del Ejecutivo?

Según el Gobierno, las normas vetadas habrían significado un “gasto público adicional insostenible”, afectando gravemente el equilibrio fiscal: el proyecto implicaba entre 0,9 % y 1,7 % del PBI, sin fuentes de financiamiento claras ni cálculos actuariales confiables.
Milei justificó la medida con su ya repetido latiguillo: “no hay plata”, presentándolo como un acto de “honestidad fiscal” antes que de crueldad social. También se alegaron supuestos “vicios reglamentarios” en el trámite legislativo para reforzar el veto.

¿A quién golpea esta decisión?
 • Jubilados y pensionados: pierden una recomposición real del 7,2 % y el incremento del bono social que era vital para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.
 • Personas con discapacidad y sus familias: quedan sin la extensión de la Pensión No Contributiva al 70 % del haber mínimo, sin la compatibilidad plena con el empleo y sin actualización automática de los aranceles para prestadores.

No es un mero “ahorro fiscal”, es un golpe directo a quienes ya viven en la línea de la vulnerabilidad.

El doble estándar: campo sin ajuste, pueblo ajustado

Mientras se niegan aumentos mínimos a jubilados y se congela la ayuda a personas con discapacidad en nombre del déficit cero, el Gobierno no aplica el mismo rigor al sector agroexportador.
Las retenciones al campo se mantienen bajas y los grandes productores continúan acumulando ganancias extraordinarias con el dólar diferencial y la exportación sin mayores cargas.
En otras palabras: el sacrificio se exige a los que menos tienen, mientras los sectores concentrados siguen blindados por la política oficial.

Un veto con aroma electoral

La decisión llega a menos de tres meses de las legislativas de medio término, con inflación persistente y movilizaciones sociales en aumento. Ahora el Congreso deberá reunir dos tercios de ambas cámaras para insistir con las leyes y revertir el veto, una tarea políticamente cuesta arriba.

La Lokomotora no calla

Más allá de la frialdad de los números, este veto expone una elección política: priorizar el superávit antes que la justicia social. La foto es clara: jubilados ajustados, personas con discapacidad abandonadas, y un Gobierno que celebra “austeridad” mientras la calle grita urgencia.
Y como siempre, el ajuste tiene nombre y apellido: los trabajadores, los jubilados y los sectores populares pagan la fiesta que los grandes grupos económicos disfrutan sin tocar un peso.

Desde La Lokomotora, llamamos a no naturalizar que las políticas públicas se definan como si la vida de los sectores más frágiles fuera un número de Excel. La dignidad no se posterga. Y cuando el ajuste avanza sobre quienes menos tienen, solo queda un camino: organización, solidaridad y lucha.