En apenas nueve meses, más de 2 millones de hogares fueron recategorizados como de “ingresos altos”, dejando de recibir subsidios en luz y gas. Mientras tanto, el Estado Nacional se ahorra billones y el ajuste pasa desapercibido.
Economía22 de abril de 2025
Un nuevo informe expone un cambio drástico en la política de subsidios a los servicios públicos que afecta directamente el bolsillo de millones de argentinos. Según datos oficiales analizados por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA–CONICET), cada vez más hogares son considerados de “ingresos altos” y, por lo tanto, se les elimina la ayuda estatal en las tarifas de luz y gas.
En abril de 2025, un hogar promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debió desembolsar más de $142.000 para cubrir servicios básicos como electricidad, gas, agua y transporte. Sin embargo, lo más llamativo es el crecimiento sostenido del grupo N1, es decir, aquellos que deben pagar la tarifa completa sin ningún tipo de subsidio.
Entre julio de 2024 y abril de 2025, se registró un aumento del 11% en los hogares considerados de ingresos altos (N1) en la segmentación de tarifas eléctricas. En paralelo, los hogares de ingresos bajos (N2) disminuyeron un 13%, y el 2% restante migró a la categoría de ingresos medios (N3). En números concretos, más de 2,1 millones de hogares dejaron de ser N2 y, sorprendentemente, 1,8 millones pasaron directamente a N1.
La situación con el gas es similar, aunque con menor intensidad. Durante el mismo período, los hogares N1 crecieron un 5%, mientras que los N2 y N3 cayeron un 4% y 1%, respectivamente. Actualmente, tanto en luz como en gas, la mayoría de los usuarios están catalogados como de ingresos altos, pese a la caída del poder adquisitivo general.
¿Por qué este cambio? La respuesta está en el impacto presupuestario. Los hogares N1 pagan el 100% de las tarifas, mientras que los N2 sólo abonan el 30%, con el resto cubierto por el Estado. Gracias a esta nueva segmentación, el Gobierno logró un recorte del 69% en los subsidios económicos destinados a servicios públicos entre abril de 2024 y abril de 2025, generando un ahorro fiscal de $2,5 billones.
Esta maniobra implica un ajuste encubierto: en lugar de anunciar nuevos aumentos en tarifas, se modifican las categorías de ingresos, empujando a más familias a pagar el costo pleno de los servicios. De esta forma, el Estado reduce el gasto público sin afrontar el costo político de un tarifazo.
Este fenómeno ha generado fuerte malestar entre los usuarios, ya que muchas familias que aún luchan por llegar a fin de mes han sido clasificadas como si tuvieran altos ingresos, perdiendo beneficios esenciales.
La recategorización masiva, en medio de una profunda crisis económica, evidencia una estrategia oficial para ajustar el gasto sin enfrentamientos directos, pero con un impacto directo en millones de bolsillos argentinos.
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