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El presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros allegados fueron convocados a una audiencia judicial por el colapso del token $LIBRA. Inversores de todo el mundo exigen reparación tras perder más de 4,5 millones de dólares en lo que denuncian como una maniobra fraudulenta.
Policiales15 de abril de 2025El presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, deberán enfrentar una mediación judicial el próximo 15 de mayo por el escándalo del criptoactivo $LIBRA. La audiencia será la instancia previa a una demanda civil por daños y perjuicios que prepara un grupo de 25 inversores liderados por el especialista en criptomonedas Martín Romeo, quien junto a afectados de países como Estados Unidos, España, Turquía, Reino Unido y Argentina, reclama por pérdidas que oscilan entre los 500.000 y 1,8 millones de dólares.
Además del mandatario y su hermana, fueron citados el vocero presidencial Manuel Adorni, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, y los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, todos señalados por su presunta vinculación con la promoción y distribución del token.
La audiencia, que se realizará de manera virtual, busca establecer si hay posibilidad de un acuerdo. Los convocados pueden participar mediante representantes legales. De no haber respuesta o si la mediación fracasa, el conflicto se trasladará a la justicia civil.
Según el abogado Nicolás Oszust, que representa a los damnificados, el total de pérdidas asciende a 4,5 millones de dólares. En su acusación sostiene que los implicados promovieron un esquema tipo rug pull, es decir, inflaron artificialmente el valor de $LIBRA mediante información privilegiada y luego retiraron fondos, dejando a los compradores sin respaldo de liquidez.
La controversia comenzó el 15 de febrero, cuando Milei publicó en su cuenta de la red social “X” un posteo invitando a comprar $LIBRA, destacando que el proyecto tenía como fin financiar emprendimientos argentinos. El mensaje incluía el contrato de compra en la red Solana y un enlace al sitio “Vivalalibertadproject”. Cuatro horas más tarde, el tuit fue eliminado, y el mandatario aseguró que se trataba de un asunto privado del cual no tenía conocimiento suficiente.
Sin embargo, Romeo y otros inversores argumentan que confiaron en el proyecto precisamente por el respaldo explícito del jefe de Estado. Aseguran que la difusión del contrato por parte de Milei, antes incluso de su publicación oficial, favoreció a ciertos usuarios con acceso anticipado, quienes compraron barato y luego vendieron tras el aumento provocado por la promoción presidencial.
En paralelo, en Estados Unidos también avanza una demanda civil impulsada por 200 inversionistas contra Hyden Davis, creador del token y CEO de Kelsier Ventures. Davis, actualmente en paradero desconocido, está acusado junto a otros empresarios como Julian Peh y Benjamin Chow por desplegar una “estrategia de distribución injusta y manipuladora”.
En Argentina, la causa penal está en manos del juez federal Eduardo Taiano. Aunque la jueza Sandra Arroyo Salgado había aceptado inicialmente a Romeo como querellante, el expediente fue recientemente trasladado a los tribunales de Comodoro Py. El caso continúa sumando medidas investigativas, incluidas indagaciones sobre el patrimonio de los hermanos Milei.
Si no se alcanza un acuerdo en la mediación, podría iniciarse un juicio civil, que se sumaría a la causa penal en curso. “Mi expectativa es que se presenten y que podamos reparar el daño causado”, afirmó Oszust. Los inversores no solo exigen la devolución del dinero, sino también compensaciones por los perjuicios sufridos en sus actividades profesionales.
El escándalo, bautizado como el “Criptogate argentino”, amenaza con convertirse en una de las mayores controversias legales vinculadas a criptomonedas en América Latina.
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