Fallo judicial sacude a Argentina: se ordena la cesión de la mayoría accionaria de la petrolera a Burford Capital. La medida abre un conflicto legal y político de alto voltaje.
Política30 de junio de 2025
En un golpe judicial sin precedentes para la Argentina, la jueza Loretta Preska del tribunal del segundo distrito de Nueva York ordenó la transferencia del 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital, en el marco del fallo por la expropiación de la petrolera. La resolución marca un nuevo capítulo en la millonaria disputa legal que enfrenta al Estado argentino con los fondos que adquirieron los derechos de litigio de la familia Eskenazi.
Burford había solicitado este paso extremo para comenzar a cobrar los US$ 16.000 millones establecidos por la justicia estadounidense. Su argumento clave fue que YPF no actúa como una empresa privada, sino como una extensión del Estado argentino. La descomunal inversión en publicidad estatal bajo la gestión de Santiago Caputo y Javier Milei —que alcanzó los $100.000 millones— habría sido utilizada como prueba de esa relación simbiótica.
Desde YPF respondieron que el fallo es “de imposible cumplimiento” sin una ley del Congreso que habilite la cesión de acciones, ya que cualquier modificación en la estructura accionaria debe pasar por la vía legislativa. Sin embargo, Preska fijó un plazo de apenas 14 días para concretar la transferencia a Burford y Eton Capital, quienes habrían pactado en secreto con los Eskenazi para entregarles el 30% de lo que se obtenga en la causa.
El revuelo político y financiero fue inmediato. Las acciones de YPF se desplomaron hasta un 8% en Wall Street y un 6% en la Bolsa de Buenos Aires, arrastrando al índice Merval con una baja del 3%. También se sintió el impacto en los bonos argentinos, que cambiaron de tendencia y cerraron en terreno negativo.
El presidente Javier Milei no tardó en reaccionar. Desde su cuenta de X, apuntó directamente contra Axel Kicillof —impulsor de la estatización en 2012— y lo responsabilizó por las consecuencias actuales: “¡Yo les avisé que el soviético es un pelotudo!”, lanzó, alimentando las sospechas de que su gobierno busca facilitar el pago.
En los pasillos del poder, crece la hipótesis de que la administración libertaria habría debilitado deliberadamente la defensa legal de Argentina. La reciente destitución de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro y el giro en la estrategia legal argentina —incluyendo la entrega de información sobre el oro enviado a Londres— parecen abonar esa teoría.
Detrás del fallo también aparece el nombre de Gerardo “Gerry” Mato, ex ejecutivo de HSBC y pieza clave del financiamiento de la campaña de Milei, quien habría sido intermediario de Burford para acercarse al gobierno argentino.
Mientras el Ejecutivo evalúa una posible apelación, el futuro de YPF pende de un hilo y la posibilidad de una cesión forzada abre un nuevo frente de conflicto legal, económico y político para la Argentina.
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