Gobierno avanza con la privatización de Corredores Viales S.A.

El Gobierno de Javier Milei dio un paso decisivo hacia la privatización de Corredores Viales S.A. con la firma del Decreto 244/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Esta decisión, enmarcada en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, establece la intervención de la empresa estatal encargada de la administración de peajes en rutas nacionales.

Nueva interventora y objetivos de la medida
La licenciada Anastasia María de los Ángeles Adem fue designada como interventora, asumiendo funciones con amplias facultades para auditar la gestión y reestructurar la empresa. Adem, vinculada al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, tendrá la responsabilidad de evaluar el estado financiero y operativo de la compañía, revisar contrataciones, modificar la estructura administrativa y garantizar la continuidad del servicio hasta su liquidación o traspaso a manos privadas.

El decreto instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad a colaborar con la intervención. Entre sus principales objetivos se destacan la implementación de auditorías de inicio y cierre, la optimización de la gestión y la reducción del déficit financiero, que actualmente ronda los 30 millones de dólares.

Privatización en marcha
La intervención de Corredores Viales S.A. es un paso previo a su privatización total, autorizada por el Decreto 97/2025, que establece la concesión de la operación bajo el modelo de obra pública con financiamiento a través del cobro de peajes.

El Gobierno sostiene que la medida es clave para modernizar la infraestructura vial y mejorar la eficiencia del sistema de peajes. Además, busca reducir el gasto público mediante la transferencia de la gestión a actores privados, quienes asumirán la inversión y el mantenimiento de las rutas nacionales concesionadas.

Impacto en los usuarios
La privatización de Corredores Viales afectará a importantes tramos viales del país, incluyendo la Autopista Riccheri, principal vía de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, y rutas nacionales clave en Buenos Aires y Córdoba. Se espera que en el corto plazo se definan las condiciones de la concesión y posibles cambios en las tarifas de peaje.

El Ejecutivo aseguró que el proceso se llevará a cabo con criterios de transparencia y eficiencia, garantizando la protección de los derechos de los usuarios y la calidad del servicio vial. Sin embargo, la medida genera incertidumbre en los trabajadores del sector y en los usuarios que podrían enfrentar aumentos en los costos de circulación.

Con esta decisión, el Gobierno de Milei reafirma su política de reducción del gasto público y desregulación de empresas estatales, avanzando en su plan de transformación del Estado.