Eva Mieri y Alesia Abaigar, imputadas por el violento escrache al diputado José Luis Espert, recuperarán la libertad tras la moderación de las exigencias judiciales. Seguirán procesadas por delitos graves.
15 de julio de 2025
La Cámara Federal de San Martín ordenó la liberación inminente de Eva Mieri y Alesia Abaigar, las funcionarias kirchneristas acusadas de participar en el violento escrache con estiércol contra el diputado nacional José Luis Espert. Ambas continuarán siendo investigadas, pero sin prisión preventiva.
La resolución judicial marca un cambio de postura respecto a la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien había impuesto duras condiciones para concederles la excarcelación. En el caso de Alesia Abaigar, directora en el Ministerio de la Mujer bonaerense, se redujo drásticamente la caución de 30 millones a 2 millones de pesos, al considerar que el monto inicial era desproporcionado para su situación económica. La funcionaria posee un salario de $1.900.000 mensuales y un Renault Clio 2011, uno de los autos utilizados en el hecho.
Abaigar deberá presentarse ante el juzgado semanalmente, no podrá salir del país ni acercarse al domicilio de Espert, pero se eliminaron otras restricciones como la prohibición de ausentarse más de 48 horas sin autorización. Está imputada por atentado al orden público, amenazas agravadas e incitación al odio político.
Por su parte, la concejal de Quilmes Eva Mieri, detenida en la cárcel de Ezeiza, también será excarcelada. La Cámara valoró que entregó su celular sin clave y rechazó los argumentos de la jueza Arroyo Salgado, quien había alegado que el dispositivo había sido "vaciado". Los jueces desestimaron la sospecha, al constatar que el teléfono tenía registros de llamadas desde junio, mucho antes de su secuestro.
Además, la Cámara consideró que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa, ya que Mieri se presentó voluntariamente ante la Justicia y carece de antecedentes penales. El tribunal dejó en manos de la jueza de primera instancia la determinación del monto de la caución para su liberación.
Mieri también seguirá procesada, enfrentando una imputación por atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación al odio político, malversación de fondos públicos y alteración de documentación registrada, todos en concurso real e ideal según el Código Penal.
El ataque que generó esta causa tuvo fuerte repercusión mediática por su violencia simbólica: pasacalles con insultos, estiércol arrojado en el frente de la vivienda del legislador y amenazas dirigidas a su familia. El hecho fue condenado por múltiples sectores políticos y generó un fuerte rechazo social.
Con esta decisión, la Cámara Federal buscó equilibrar el derecho a la libertad durante el proceso judicial con las garantías necesarias para el avance de la investigación. Sin embargo, la causa continúa abierta y ambas funcionarias deberán afrontar el juicio por su presunta participación en un hecho que sacudió el escenario político nacional.
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