Bullrich da vía libre a ciberpatrullaje sin orden judicial

En un giro que reconfigura el accionar de las fuerzas de seguridad, el Gobierno nacional habilitó a la Policía Federal Argentina a realizar patrullajes digitales, inspecciones personales y vehiculares sin necesidad de orden judicial. El Decreto 383/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, marca una profunda reforma en el funcionamiento de la fuerza, inspirada en métodos del FBI estadounidense.

La normativa establece que la Federal podrá actuar de manera proactiva en la “prevención, detección e investigación de delitos federales complejos”, y tendrá luz verde para recolectar información en redes sociales, sitios web públicos y otras plataformas abiertas. Aunque el texto menciona el respeto por la privacidad, especialistas en seguridad y derechos humanos advierten sobre el uso discrecional que podría darse a estas herramientas.

Entre los puntos más controversiales, el decreto autoriza requisas a personas, vehículos, embarcaciones y aeronaves sin orden judicial, siempre que existan “circunstancias razonables” que hagan presumir la existencia de elementos relacionados con un delito. También permite retener a una persona hasta diez horas si no puede acreditar su identidad o si se sospecha que haya cometido o vaya a cometer un delito.

Además, el texto introduce un rediseño en la estructura jerárquica de la fuerza, limitando la incorporación de suboficiales y fomentando un sistema de ingreso para profesionales universitarios ya graduados, en línea con prácticas del FBI. El Ministerio de Seguridad dirigirá las acciones, pudiendo activar operativos ante delitos flagrantes de forma “espontánea”.

La medida encendió alarmas entre exfuncionarios y organizaciones. La exministra de Seguridad Sabina Frederic denunció que el decreto otorga facultades arbitrarias y desdibuja la diferencia entre investigación criminal e inteligencia. También recordó que el seguimiento de redes sociales, bajo su gestión, requería aval judicial y rendía cuentas al Congreso, algo que ya no será necesario bajo la nueva reglamentación.

Por su parte, la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), señaló que se trata de una “legalización del espionaje interno” y un paso más hacia un Estado con prácticas autoritarias. Recordó antecedentes donde publicaciones en redes sociales sirvieron de excusa para iniciar causas penales sin sustento.

El caso más emblemático ocurrió en 2016, cuando un joven fue procesado por amenazas tras compartir una canción de cancha en Twitter. Aunque fue sobreseído en 2018, el episodio refleja los riesgos de utilizar las redes como campo de investigación sin control judicial.

El decreto también habilita a la Federal a intervenir en manifestaciones si el Ministerio de Seguridad lo considera necesario, lo que, según expertos, podría ser usado como herramienta de represión ante la protesta social.

Aunque la normativa aclara que no se podrá detener sin orden judicial, las excepciones incluidas dejan amplio margen de interpretación. El malestar en la propia fuerza por esta reforma se suma a las tensiones salariales existentes, generando incertidumbre sobre su implementación real y sus consecuencias para la ciudadanía.