Los intendentes peronistas de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, respectivamente, han respondido enérgicamente a las acusaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien los señaló como responsables de organizar grupos para generar disturbios durante la reciente protesta frente al Congreso Nacional.
Política16 de marzo de 2025
Bullrich afirmó que manifestantes provenientes de ambas intendencias participaron en los incidentes violentos registrados durante la marcha de jubilados y otros sectores sociales. Según la ministra, existen pruebas que vinculan a los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora con la organización y financiamiento de grupos destinados a provocar enfrentamientos con la policía.
En respuesta, Espinoza calificó las acusaciones como "absolutamente falsas" y acusó a Bullrich de intentar desviar la atención de la "terrible represión" ordenada durante la manifestación. El intendente sostuvo que la ministra no presentó pruebas concretas en su denuncia y que sus afirmaciones carecen de sustento.
Por su parte, Otermín expresó sorpresa ante las declaraciones de Bullrich y negó rotundamente cualquier participación de su municipio en los hechos violentos. El intendente lamentó que se realicen denuncias sin fundamentos y consideró que se trata de una estrategia para ocultar la violencia ejercida durante la protesta.
Ambos jefes comunales coincidieron en que las acusaciones buscan desviar la atención de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad durante la manifestación, que dejó un saldo de heridos y detenidos. Además, señalaron que la criminalización de la protesta social es una estrategia para silenciar las demandas legítimas de la población.
La controversia surge en un contexto de creciente tensión política y social, donde las acusaciones cruzadas entre funcionarios del gobierno nacional y autoridades locales peronistas reflejan la polarización existente en el país. Mientras Bullrich insiste en la responsabilidad de los intendentes en los disturbios, estos últimos rechazan las imputaciones y exigen pruebas concretas que respalden las denuncias.
La situación plantea interrogantes sobre la gestión de la seguridad y el respeto al derecho a la protesta en Argentina, evidenciando la necesidad de un diálogo constructivo entre las distintas esferas de gobierno para abordar las demandas sociales sin recurrir a la violencia o a la estigmatización de actores políticos.
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