Fuerte cruce entre el Gobierno y la Justicia tras la liberación de detenidos

La feroz represión en la protesta de jubilados frente al Congreso dejó 114 detenidos, pero fueron liberados en pocas horas. El Gobierno libertario arremetió contra la Justicia y anunció denuncias penales.

Acceso Total13 de marzo de 2025

La protesta de jubilados que se llevó a cabo ayer en los alrededores del Congreso terminó con una violenta represión policial y un saldo de 114 detenidos. Sin embargo, la rápida liberación de los arrestados desató la furia del Gobierno Nacional y del Ejecutivo porteño, que cargaron contra la jueza Karina Giselle Andrade, responsable de la medida.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó su indignación en redes sociales, asegurando que los liberados "destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad". Además, acusó a la Justicia de aplicar una "puerta giratoria" que, según él, fomenta la inseguridad en el país.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó el accionar de la policía y calificó a los detenidos como "delincuentes profesionales". Además, anunció que la Ciudad, en conjunto con el Gobierno Nacional, impulsará una denuncia penal contra los 94 manifestantes arrestados por las fuerzas porteñas.

Denuncia penal en marcha

Macri detalló que están reuniendo pruebas para fortalecer la causa contra los liberados. "Tenemos evidencia y seguimos recabando más para armar un caso sólido", afirmó el mandatario porteño, dejando en claro que no dejarán pasar lo ocurrido sin consecuencias.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, también apuntó contra la jueza Andrade y defendió la represión. Según él, lo sucedido "no fue una protesta ni un ejercicio de la libertad de expresión, sino actos delictivos".

El cruce entre el Gobierno y el Poder Judicial se profundiza en un contexto de tensión creciente por las políticas de seguridad y represión de las manifestaciones. La postura oficialista refuerza su discurso de mano dura, mientras la oposición y organismos de derechos humanos cuestionan el uso de la fuerza desmedida en la protesta de los jubilados.

 

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